Ante los mayores riesgos para la sostenibilidad fiscal, el pasado 19 de mayo la agencia calificadora S&P anunció la rebaja de la calificación crediticia del país de BBB- a BB+. Sin bien esto se configura como una señal negativa, lo cierto es que los mercados internacionales ya venían descontando el hecho de que Colombia no lograría mantener el grado de inversión.
Adicionalmente, para 2021 se espera una ampliación del déficit del GNC y de la deuda que, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, bordearía el 8,6% y el 65,2% del PIB, respectivamente, a la vez que un posible cambio en el manejo de la política monetaria en los Estados Unidos hacia la segunda parte de 2021 o inicios de 2022 supondría mayores presiones para las finanzas públicas ante unos mayores costos de financiamiento.
Aunado a lo anterior, con el retiro del Proyecto de Solidaridad Sostenible y el aumento de las tensiones sociales, las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal de largo plazo y la capacidad para llevar a cabo reformas estructurales en este frente se exacerbaron.
La rebaja de la calificación crediticia por parte de S&P no tuvo un efecto significativo sobre las tasas de rendimiento de los bonos, en la medida en que esta decisión ya había sido descontada por los mercados. Así, la rebaja de la calificación, que debió incidir en que algunos inversionistas liquidaran sus posiciones en el país, no llevó a que Colombia se viera excluida inmediatamente de los principales índices de referencia, puesto que el grado de inversión no es un requisito para ello, al contrario de factores como la transparencia y el acceso al mercado.
No obstante, una de las políticas de los inversionistas activos es que el emisor debe contar con grado de inversión en al menos dos de las tres agencias calificadoras de riesgo. En caso de que alguna de las agencias restantes opte por rebajar la calificación del país, esto llevaría a que se generen presiones fiscales adicionales y que los inversionistas activos disminuyan su exposición actual.
Con el fin de mitigar este riesgo, es imprescindible que desde el legislativo se tramite con prontitud un nuevo proyecto de reforma fiscal que logre (i) estabilizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, (ii) aumentar el recaudo de la Nación en por lo menos en 1,2 pp del PIB, (iii) hacer más eficiente y austero el gasto público y (iv) que reduzca la gigantesca evasión y elusión, en particular la que ocurre vía las grandes operaciones en efectivo.
Fuente:
Presidente Asobancaria
Banca & economía 2021
Hay que destacar que, incluso en periodos de alta incertidumbre económica, los bonos colombianos continúan generando un gran apetito entre los inversionistas, lo que permite esperar que el país continúe contando con acceso al financiamiento externo, tal y como ocurrió en la primera década del siglo XXI.